Comunidad de Madrid | Díaz Ayuso incumple las recomendaciones de su Consejería de Sanidad para evitar una “epidemia de obesidad infantil” en las familias más pobres – El Salto


Leopoldo Fernández Pujals fue un visionario. De familia rica y cubana, exiliado en Miami, se hizo marine y luchó en Vietnam. A la vuelta, con el grado de capitán, alcanzó algunos puestos como ejecutivo de grandes empresas y en 1981, ya en Madrid, decidió dar un vuelco a su vida. Abrió una pizzería en el barrio del Pilar con un sueño: miles de jóvenes moteros con contratos precarios llevando pizza a domicilio. Para conseguir el toque perfecto a la masa, que al principio él mismo elaboraba, daba de probar sus pizzas a los niños del barrio. Con los años, Pujals fundó el imperio Telepizza.

Fernández Pujals nunca ocultó su ideología conservadora y sus simpatías por el Partido Popular. Cuando ya había dejado Telepizza y dirigía Jazztel, este empresario donó 100.000 euros al PP negociando con el entonces responsable de Finanzas del partido, Luis Bárcenas, cómo podía saltarse los límites permitidos para las donaciones de este tipo. Según reconoció el multimillonario en ABC, el propio Mariano Rajoy le llamó para agradecerle el gesto.

Muchos años después, y con Fernández Pujals completamente desligado de Telepizza, esta empresa sigue gozando del favor del Partido Popular y conserva también la inclinación por realizar experimentos con niños.

Lo que parecía una broma no lo era. Y lo que parecía una idea descabellada del Gobierno regional fue autorizada por La Moncloa: después de rescindir los contratos con decenas de pequeñas y medianas empresas encargadas de los menús en los centros escolares, el 17 de marzo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, otorgaba a Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes un contrato para la elaboración y distribución de 11.500 menús para los niños de las familias que cobran la Renta Mínima de Inserción (RMI).

Con Fernández Pujals, el creador de Telepizza que donó 100.000 euros al PP, completamente desligado de la empresa, la compañía sigue gozando del favor del PP

Las explicaciones de Díaz Ayuso dadas este 29 de abril en la Asamblea de Madrid sobre la conveniencia de unos menús que incumplen las recomendaciones de las propias Consejerías de Sanidad y Educación de la Comunidad de Madrid han terminado de levantar una ola de indignación por la gestión de la presidenta. Una indignación compartida por los partidos de la oposición, sindicatos, asociaciones vecinales, educativas y redes sociales.

La gestión de la crisis del covid-19, en concreto la falta de medidas para evitar 6.000 muertes en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, o los despidos de personal sanitario a medida que se aplana la curva del virus, han contribuido a que #AyusoDimisión se convirtiera en la mañana de este 30 de abril en Trending Topic.

“al 100% les encanta”

Ante la pregunta de si daría estos menús a sus hijos, la presidenta madrileña eludió dar una respuesta en el pleno monográfico sobre la gestión del covid-19 en la Asamblea de Madrid: “Dicen si yo le daría esta comida a mis hijos. Hombre, no creo que dar una pizza a un niño sea un problema. […] No creo que los niños que están confinados y ‘jartos’ de estar ahí tengan que aguantar los menús que les pondrían sus señorías de Podemos, que a lo mejor son los menús de Venezuela, que es nada. Para ustedes será basura. Para esos padres no era basura. Y cada vez que hablan así no me ofenden a mí, les ofenden a ellos”.

Díaz Ayuso proseguía su disertación en la Asamblea enumerando los menús ofrecidos por estas tres empresas en más de 32 municipios a familias con beca comedor: “Ensalada mediterránea, ‘pop’ de pollo con una bebida. Hamburguesa infantil con patatas, otro día la pizza, que seguramente a ustedes no les guste, y no se las hayan comida en la vida, pero las personas… con Coca-Cola, con Coca-Cola… pero a los niños, algunos, yo juraría que al 100%, les encanta”.

Según la presidenta de la CAM, la medida de retirar el contrato a decenas de pequeñas y medianas empresas y cooperativas que realizaban los menús escolares para entregárselos a estas tres grandes compañías es justificable porque a los niños “les encanta” la comida basura: “Les apuesto lo que quieran que el niño primero se comía la pizza y ya, en contra de su voluntad, la ensalada”, proseguía Díaz Ayuso.

Tras el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de que las clases no volverán este curso, la pregunta queda en el aire: ¿seguirán los niños de las familias más vulnerables con esta dieta hasta el verano?

La medida también se sostiene, decía en defensa propia la presidenta, porque se trata de una “medida temporal y excepcional”. Sin embargo, tras el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de que las clases no volverán este curso, la pregunta queda en el aire: ¿seguirán los niños de las familias más vulnerables con esta dieta hasta el verano?

Una medida que parecía temporal amenaza con extenderse sin que haya señales del Gobierno regional de que vayan a cambiar los proveedores o los contenidos de los menús hasta la vuelta de las clases en septiembre.

El clasismo del PP madrileño

Abel Esteban, coordinador de un proyecto para fomentar la alimentación saludable y sostenible en centros educativos de la Comunidad, comparaba el experimento iniciado por el Gobierno del PP madrileño con el documental Super Size Me, donde el protagonista relata los efectos en su cuerpo de mantener durante un mes una dieta exclusiva de hamburguesas y patatas fritas. 

En este caso, el experimento no es tan drástico, pero los tiempos ya han superado los 30 días del documental y amenazan con durar hasta agosto. Y el protagonista del documental tampoco estaba confinado, sin posibilidad de salir ni realizar ejercicio fuera de casa bajo ningún concepto durante cinco semanas y con salidas esporádicas en las siguientes.

A diferencia de Super Size Me, el experimento social del PP madrileño se focaliza en las familias que tienen menos recursos. Un sector de la población, denunciaba Esteban en un artículo publicado en El Salto, que “por franja de edad y por nivel socioeconómico, son uno de los grupos sociales con peores hábitos alimentarios de partida, que se verán fortalecidos durante este periodo de confinamiento”. 

A este “ejercicio de clasismo”, dice este integrante de la cooperativa Garúa, habría que añadirle la relación entre mala alimentación, enfermedades y un sistema inmunológico más débil. Hace apenas dos años, en junio de 2018, la Consejería de Sanidad madrileña elaboró un plan, vigente hasta 2022, para combatir la “epidemia de la obesidad infantil». Un “problema prioritario de salud pública” que ya afectaba a uno de cada tres niños y se había multiplicado por diez en los últimos 40 años. 

A este “ejercicio de clasismo”, dice este integrante de la cooperativa Garúa, habría que añadirle la relación entre mala alimentación, enfermedades y un sistema inmunológico más débil

La propia consejería de Sanidad reconocía que la “prevalencia de la obesidad aumenta según empeoran los indicadores de nivel educativo y de clase social”. Esta vinculación entre obesidad y bajos ingresos “se ha visto en muchos otros estudios, sin que se sepa por el momento cual es el nexo causal”.

Los menús ofrecidos tanto por Telepizza como por Rodilla, según un análisis elaborado desde Garúa, ignoran las advertencias de la Consejería de Sanidad y no respetan ni una de las recomendaciones elaboradas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Tabla alimentación

El estudio realizado por la cooperativa Garúa muestra que los menús ofrecidos por Telepizza y Rodilla no cumplen con ninguna de las recomendaciones de la Consejería de Educación.

La insuficiencia de verduras y hortalizas, uno de los alimentos más necesarios y de más difícil aceptación por los niños, es una de las principales carencias de los menús ofrecidos, según este estudio. La abundancia de patatas fritas, croquetas o panes blancos suponen un “claro incumplimiento del criterio de la administración”. Además, la falta de fruta fresca, legumbres, pescado, lácteos y huevos en los menús, así como la omnipresencia de carnes y el abuso de fritos, patatas y panes blancos —uno de los alimentos procesados con mayor cantidad de aditivos— chocan directamente con las propias directivas nutricionales de la Comunidad que recomienda “la mayor variedad posible de alimentos, haciendo especial hincapié en alimentos vegetales: verduras y frutas, y limitando los alimentos con mayor valor energético, pero escaso contenido en nutrientes”.

La propia consejería de Sanidad reconocía que la “prevalencia de la obesidad aumenta según empeoran los indicadores de nivel educativo y de clases social”

Pese a las denuncias de nutricionistas, sindicatos y colectivos sociales, no se esperan muchas quejas de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), encargada de asesorar sobre los criterios nutricionales de los menús escolares y de evaluar la comida que se sirve en los centros educativos de la Comunidad. En el patronato de la FEN se encuentra Nestlé, McDónalds, Coca-Cola, Campofrío, Pespsico y, también, Telepizza. Como vocal del patronato de la FEN, figura Fernando Frauca Amorena, alto cargo de Telepizza.

El conflicto de intereses —quien se encarga de asesorar y evaluar sobre menús escolares se lleva un gigantesco contrato que salva en parte sus cuentas en un contexto de crisis económica— se vuelve evidente. Por cada menú, el Gobierno paga a Telepizza y a Rodilla cinco euros, mientras que Viena Capellanes recibe 7,30 euros. 

Una inyección de dinero público a grandes empresas que no impide que algunas de ellas recurran, además, a un Expediente de Regulación de Empleo. Es el caso de Telepizza, que acordó un ERTE para 1.500 de sus trabajadores, que cobrarán la prestación de desempleo del Estado. Unas ayudas que tampoco han servido para asegurar que las personas que seguían trabajando en Telepizza lo hicieran con las mínimas condiciones de seguridad y protección, con el peligro derivado para los clientes y familias beneficiarias de las beca comedor. 

Los menús ofrecidos Telepizza y Rodilla ignoran las advertencias de la Consejería de Sanidad y no respetan ni una de las recomendaciones elaboradas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

Cuando diez trabajadores de una sucursal de esta pizzería en Zaragoza se negaron a acudir a sus puestos hasta que se asegurara un protocolo de seguridad, la empresa decidió suspenderlos de empleo y sueldo durante 20 días. La decisión fue respondida por la plantilla con una huelga, la tercera que se produce en menos de un año en los locales de esta tienda de comida basura en la capital aragonesa. Si en esta ocasión estaba motivada por la falta de medidas de protección, en las dos anteriores fueron las condiciones de precariedad y sueldos por debajo del salario mínimo las que motivaron las protestas.





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