Desahucios | El fondo buitre del hijo de Aznar quiere desahuciar a una niña con el 40% de invalidez – El Salto


La realidad se empeña en contradecir los anuncios rimbombantes del Gobierno, que no desaprovecha ocasión para repetir que su escudo social “no deja a nadie atrás”. La prórroga de la moratoria de los desahucios anunciada el pasado 28 de septiembre tiene truco. Solo cuenta para los desalojos que se puedan justificar por causa del covid-19, una embrollo burocrático que no todas las familias que lo necesitan pueden sortear. Muchas de ellas ya arrastraban situaciones de vulnerabilidad antes de la pandemia y esta no ha hecho más que empeorarlas. 

Desahucios sigue habiendo y todos los días. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron 1.383 lanzamientos en el segundo trimestre de 2020, un 73% por impago de alquiler. De todos los desalojos en medio de la pandemia, 300 de ellos fueron por no poder seguir pagando la hipoteca. Si se suman los desahucios de los meses previos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acusa al “Gobierno progresista” de ser responsable de 11.382 desahucios.

Entre las muchas familias que se enfrentan a estos desahucios silenciados se encuentra la de Malika y sus tres hijos menores, entre ellos una niña con un 40% de invalidez, que necesita una máquina de noche para dormir, según cuentan desde la PAH. Este viernes 2 de octubre, el fondo buitre Cerberus, a través de su filial Divarian, hará todo lo posible por quedarse con su casa, situada en Mollet del Vallès (Barcelona). Y la PAH local hará lo suyo para impedirlo.  

Cerberus es un fondo de inversión estadounidense que cuenta con Jose Maria Aznar Botella como hombre fuerte en España. Según denuncian desde la PAH, este alto ejecutivo es hijo del “antiguo presidente del Estado que cambió la ley del suelo para fomentar la especulación inmobiliaria y la exalcadesa de Madrid que se dedicó a vender vivienda pública a fondos de inversión”. 

Desde la PAH, van exigir la actuación de las autoridades, pero no van a esperarlas y advierten que “Malika se queda, ya sea por ley o por la PAH y la movilización solidaria”

Malika y su familia llevan ocupando la casa por necesidad desde 2017, cuando se quedaron sin trabajo y sin posibilidad de seguir pagando el alquiler, según la PAH. “Ante esta situación de angustia, con tres peques, sin dinero, sin trabajo, sin ningún tipo de ayuda que les ofreciera alguna alternativa, tenían que tomar una decisión”, cuentan. 

Según la PAH, el desahucio de esta familia no solo contradice la propaganda del Gobierno central, sino también las leyes de protección social catalanas. La conocida como “ley antidesahucios” de 2015 obliga a ofrecer un alquiler social en función de los ingresos antes de lanzar una orden de desahucio. 

La ley 24/2015 fue mejorada y ampliada en 2019 incluyendo los casos de ocupación por necesidad, como el de Malika. “Si la vida te había tratado mal, como en el caso de Malika, siempre que te hubieses visto en la coyuntura de ocupar un piso de un gran tenedor antes del 23 de junio de 2019, dicho gran tenedor tiene la obligación de regular tu situación en precario ofreciendo un alquiler social si demuestras vulnerabilidad”, explican desde la PAH.

Tanto el primer como el segundo incumplimiento, señalan desde esta organización, “son totalmente denunciables, tanto por las familias afectadas, como la Administración”, que puede imponer multas a la filial de Cerberus de hasta 90.000 euros.

Desde la PAH, van exigir la actuación de las autoridades, pero no van a esperarlas y advierten que “Malika se queda, ya sea por ley o por la PAH y la movilización solidaria”. 





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