El PP lleva al Congreso la reprobacin de Pablo Iglesias por ser el «primer instigador» del ataque al Rey


Acusa al Gobierno de «torpedear la lnea de flotacin del consenso constitucional» y lanzar «un jaque» a las instituciones democrticas

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, este mi

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, este mircoles, en la sesin de control al Gobierno, en el Congreso.
EFE

El Partido Popular ha pedido al Congreso que repruebe al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por ser «el primer instigador de los ataques a la Corona», tal y como se precisa en la mocin registrada este jueves en la Cmara Baja y que ser sometida a votacin previsiblemente en la semana del 12 de octubre.

En el texto, los populares reclaman tambin al presidente del Gobierno «la destitucin inmediata» del ministro de Consumo, Alberto Garzn, «por sus groseras afirmaciones en relacin al jefe del Estado» y urgen al Ejecutivo a «poner fin a sus agresiones institucionales».

Segn el PP, en las ltimas fechas se ha producido una «aceleracin vertiginosa de la operacin de derribo del marco constitucional» coincidiendo, dicen, con la «hora de mayor debilidad del Gobierno y cuando ms necesita plegarse ante sus envalentonados socios y aliados para recabar apoyos al proyecto de Presupuestos».

Y en este contexto sita el inicio de la tramitacin de los indultos para los condenados del 1-O y la reforma del Cdigo Penal para revisar a la baja las penas por el delito de sedicin.

Espaa, la «vctima»

El veto «arbitrario» al Rey para asistir a la entrega de despachos de la nueva promocin de jueces en Barcelona es, para el primer partido de la oposicin, una muestra clara de que Espaa tiene un Gobierno «dispuesto al abuso de todas sus prerrogativas constitucionales», llegando incluso a «cortejar a unos partidos que han declarado abiertamente la guerra contra la continuidad histrica de la nacin espaola».

En la mocin registrada, el PP insiste en que «Espaa es vctima de un empobrecimiento democrtico que avanza al ritmo galopante de su depauperacin econmica y social» y apunta que «la tala de las vigas maestras del Estado de Derecho y el asedio a la independencia de las instituciones han sido el pan de cada da de la vida pblica espaola desde la investidura de un presidente del Gobierno que, tras su victoria democrtica en las urnas, decidi librrimamente echarse en brazos de todos los enemigos de la Espaa constitucional».

Con esta declaracin de principios el PP, en la prctica, da por rotos los puentes con el Ejecutivo en tanto en cuanto en el Consejo de Ministros permanezcan sentados Iglesias y Garzn, y Pedro Snchez se sustente en los votos de independentistas y abertzales.

Los populares consideran que «nunca como ahora la divisin de poderes y los contrapesos institucionales haban sido objeto de una amenaza de tan intimidante trascendencia, inimaginable», dicen, «en nuestro entorno democrtico».

Dolores Delgado, la «comisaria poltica»

En el texto tachan a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de «comisaria poltica» y acusan al Gobierno de ejercer «presiones de todo orden para colonizar y someter a vasallaje poltico a organismos independientes del Estado», al tiempo que se consienten «desmedidos improperios lanzados contra los rganos judiciales por parte del vicepresidente segundo», a quien se define en la mocin como «lder de un partido abiertamente negacionista del pacto constitucional» y se recuerda que su formacin recientemente ha sido imputada por financiacin ilegal.

Todo esto es, en opinin del partido de Pablo Casado, «ejemplos palmarios» de «un jaque en toda regla a las instituciones democrticas y la independencia judicial».

A ello suman la decisin del Gobierno de convocar una «mesa de autodeterminacin» con Catalua para satisfacer la agenda independentista que slo pretende «la quiebra de la integridad territorial y la voladura en mil pedazos de la soberana nacional», y el «blanqueamiento como interlocutor parlamentario de una formacin como Bildu, heredera por lnea directa de una organizacin terrorista que asesin a ms de 800 espaoles».

Ambas decisiones son, segn los populares, «dos torpedos propulsados desde el Palacio de La Moncloa contra la lnea de flotacin del consenso constitucional».

Reproches por la gestin de la pandemia

No olvida tampoco el PP en su escrito hacer mencin al impacto de la pandemia del coronavirus, que ha situado a Espaa, por la psima gestin del Gobierno, «a la cabeza de contagios, mortalidad y destruccin de empleo de toda Europa». Y todo ello, argumentan, porque Pedro Snchez «orquest una estrategia frentista de polarizacin poltica como maniobra de distraccin».

Acusan a Snchez, adems, de ser «impermeable a cualquier clima de colaboracin y consenso» y le reprochan haber desplegado una «agenda ideolgica socialmente divisiva como cortina de humo para ocultar que Espala es el pas peor gobernado de Europa».

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