Falsos autónomos | Los otros falsos autónomos – El Salto


La mayoría de gente que escucha el término “falso autónomo” visualiza en su mente a ese chaval en bici con una enorme caja a sus espaldas, o a ese conductor que hace de taxista pero con un coche negro. La nueva economía de plataforma, encabezada por empresas como Uber o Glovo, ha puesto de moda, en el debate público y en las sentencias judiciales, la figura del falso autónomo que trabaja para este tipo de multinacionales. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que avala la denuncia de un repartidor frente a Glovo, y obliga a la compañía a reconocer que es un trabajador por cuenta ajena, señala directamente a estas empresas de la nueva economía de plataforma. Pero, ¿son estas las únicas profesiones en las que se usa la figura del falso autónomo para negar derechos laborales?

Solo hay que hacer una búsqueda en internet del término “falso autónomo” para descubrir que el fenómeno va mucho más allá de la economía de plataforma y que consta de un historial mucho más antiguo que esas mismas empresas y sus aplicaciones de móvil. En ese historial aparecen denuncias de las enfermeras del Hospital de Fátima de Sevilla, agentes de seguros de Adeslas, abogados contratados por horas en despachos reconocidos y de facturaciones millonarias, cámaras en productoras de televisiones públicas, fotoperiodistas de ‘El Mundo’ que tuvieron que ser admitidos como empleados, camareras de hotel que cobran por habitación limpiada o una presentadora de un programa de la SER que al ser despedida denunció haber sido una falsa autónoma tras 15 años en la emisora.

La reciente sentencia del Supremo contra Glovo hace referencia a otra de 2017 en la que traductores y transcriptores denunciaron a una empresa que presta sus servicios a juzgados

Más allá de lo que encontramos en Google, también existen sentencias del Tribunal Supremo con más años que la mayoría de los repartidores de Glovo o Deliveroo que han protagonizado la lucha contra ellas. En 1984, un grupo de repartidores de periódicos denunciaron a su empresa por considerarse trabajadores totalmente dependientes de esta, pero que estaban obligados a establecerse como autónomos supuestamente independientes. En febrero de 1986, el Tribunal Supremo fallaba que aquellos ruteros eran totalmente dependientes de la empresa y que debían ser contratados como empleados asalariados y disfrutar de todos los derechos laborales que marca la ley. No fue la única vez. La reciente sentencia del Supremo contra Glovo hace referencia a otra de 2017 en la que traductores y transcriptores denunciaron a una empresa que presta sus servicios a juzgados. Además existen sentencias de otros tribunales para una infinidad de profesiones. “Cuando un rider vino a nuestro despacho por primera vez, vimos clarísimo que era un caso de falsos autónomos porque existía esta doctrina y sentencias del Supremo sobre falsos autónomos desde el 86”, afirma a El Salto Esther Comas, abogada laboralista en el despacho Colectivo Ronda. Explica que ellos han llevado casos de todo tipo, desde cámaras de televisión a locutores de radio, pasando por los repartidores, y es clara en los resultados: “Los trabajadores que lo han reclamado, lo han ganado”.

Es fácil pensar que, si a ti no te toca el problema, la cosa no vaya contigo. Si tú eres un empleado o un autónomo por voluntad propia, es probable que creas que esa precariedad te queda lejos. Si eres un empresario que cumple con la ley, creerás que esas prácticas no te influyen. Pero en un mercado competitivo, no pagar impuestos es una ventaja, y una que puede asegurarte el éxito —si la tienes— o hacerte cerrar la persiana —si no—. El profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y autor del blog Argumentos del Derecho Laboral Adrián Todolí lo explica como una bola de nieve que no deja de crecer: “Si todos tus competidores se ahorran dinero mediante esta práctica, pues tú lo haces por sobrevivir”, lamenta. Por eso defiende que el de los falsos autónomos “es un problema que afecta a todos los trabajadores y a todas las empresas”. El factor tecnológico, característico de las empresas de plataforma, solo ha sembrado dudas durante un tiempo entre el Poder Judicial, según Comas, pero la sentencia del Supremo, que hace referencia directa a los repartidores de periódicos y los traductores de juicios, sumada a la negativa del tribunal ante la petición de subir la cuestión a instancias europeas, demuestra que se trata del mismo hecho y crea una jurisprudencia que pone en peligro el modelo Uber. 

País de falsos emprendedores

Según un informe del Banco de España sobre los autónomos en el Estado español y en comparación con nuestros vecinos europeos, publicado en junio de 2019, un 26% de los autónomos lo es “por no disponer de otras opciones”. Cifra que solo superan Austria, Portugal y Letonia. Si nos fijamos en las personas con nivel de estudios bajos, el porcentaje sube hasta el 30%, pero la cifra más alarmante se percibe si observamos los datos para los rangos de edad más bajos: el 60% de los jóvenes es autónomo por necesidad y no por elección propia. El texto del organismo regulador también apuntaba a un factor clave para desmontar el mito de la moderna emprendeduría de éxito: entre esos autónomos, los sectores del transporte, el comercio, la agricultura y la hostelería tienen un enorme peso. Al contrario de esa imagen de joven emprendedor con sudadera de universidad privada que ha triunfado con su novedosa aplicación móvil, se muestra una realidad de campesinos, camareros, dependientes y conductores de furgoneta precarios que no tienen otra opción que pasar por ese aro que les priva de disfrutar de los derechos laborales que marca el Estatuto de los Trabajadores.

Pero tanto Comas como Adrián Todolí resaltan que la problemática no tiene que ver solo con trabajos precarizados y de baja cualificación. Enumeran profesiones liberales como arquitectos, periodistas, diseñadores gráficos o médicos en hospitales privados donde han encontrado casos. “La idea es siempre la misma, el dueño del negocio es siempre la empresa y el trabajador realiza su labor por horas o por obra”, matiza el profesor.

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No todos deciden hacerlo por obligación, pero eso no significa que sea correcto ni legal, al contrario de cómo se defiende desde sectores liberales que abogan por una libertad de elección que roza, o directamente traspasa, la legislación tributaria. “Ocurre que en trabajos de alta cualificación las dos partes están de acuerdo en esta forma de contrato”, explica Todolí, “porque la única que pierde es la Seguridad Social”. Pone como ejemplo a los abogados, no a los que cobran 600 euros por jornadas interminables, sino los que se pueden permitir una negociación con la empresa: “Esos no quieren derechos laborales porque están en una situación con poder de negociación donde, por ejemplo, sí que pueden cogerse vacaciones cuando quieran y por lo tanto lo único que quieren es pagar menos impuestos”. Este profesor afirma que esto es un fraude aunque haya un contrato de consentimiento entre las dos partes, “no se puede elegir si pagas impuestos o no, igual que no puedes elegir si pagas IVA o no”, e insiste en que hay que hacer mucho hincapié en ello frente a ese discurso liberal de esa supuesta libre elección.

Uberizando durante 50 años

La uberización de la economía, ese fenómeno de atomización del empleado y de los procesos productivos, puede parecer nueva, pero tiene una larga historia detrás. Según explica Víctor Riesgo, profesor e investigador de la UNED sobre las transformaciones contemporáneas del trabajo en contextos de capitalismo digital y sharing economy, sus inicios se remontan a las crisis del petróleo y otras turbulencias económicas de los años 70, cuando se observa “una crisis profunda de productividad del capital, que da el punto de inicio a la expansión del neoliberalismo en el orden cultural”. En el ámbito empresarial, defiende Riesgo, “las nuevas ideas del new management vienen a promulgar la fragmentación de los procesos productivos a su mínima expresión posible, que promueve la competencia dentro de la empresa, entre los trabajadores que forman parte de esos procesos productivos, y entre empresas”. Aquella nueva cultura empresarial neoliberal impulsó procesos, que sumados a la globalización y la deslocalización de las empresas, “lleva a una mayor externalización, precarización y flexibilización del trabajo”. Ese término de la flexibilización, que puso tan de moda el Partido Popular cuando aprobó la reforma laboral y abarató el despido, “se convierte desde entonces en una especie de término fetiche”.

La crisis de 2008 y la digitalización de la economía consiguieron que procesos que ya ocurrían se aceleraran, ya que les permite fragmentar más, externalizar más y deslocalizar más

Tanto el investigador de la UNED como el profesor de la Universidad de Valencia coinciden en que la anterior crisis ha sido un nuevo acelerador e impulsor de esas herramientas tecnológicas. “En la anterior crisis, donde el capital vuelve a encontrar problemas para encontrar nichos de rentabilidad, se invierte mucho dinero en la digitalización, y esas tecnologías lo que consiguen es que todos esos procesos que ya venían ocurriendo se vieran acelerados, ya que les permite fragmentar más, externalizar más y deslocalizar más”, lamenta Riesgo. “De 2008 a 2012 se dio mucho y se extendió a prácticamente todos los sectores”, enfatiza Todolí, “aunque las empresas seguían necesitando trabajadores, los despedían y los volvían a contratar como autónomos”.

Falsas regulaciones

Ninguna de las fuentes consultadas ha tenido acceso a esa futura regulación que el Ministerio de Trabajo ha anunciado y que ha llenado tantos titulares. Pero el simple hecho de que se hable de ella ya despierta sospechas a Comas: “Sigo escuchando eso de que la regulación está encima de la mesa y me indigna, porque el Supremo ha dicho claramente que son trabajadores y que se tiene que regular por el Estatuto de los Trabajadores”. Tanto ella como Todolí insisten en que no hay nada que regular y que no es necesaria ninguna normativa específica: “Hay que obligar a las empresas a que les den de alta y que reconozcan su relación por cuenta ajena”. La abogada se pregunta por qué es necesario ese nuevo texto: “¿Será para restringir algún derecho al trabajador? Porque ampliar derechos y que tengan más que el resto de trabajos no lo van a hacer, por lo que entiendo que la regulación puede que sea para que el trabajador pierda algún derecho en beneficio de la empresa”.

¿A dónde nos lleva?

Tanto Todolí como Comas coinciden: “Este modelo nos lleva directos a la desaparición de los derechos laborales”. El profesor invita a pensar en los finales del siglo XIX y principios del XX, cuando no existía el derecho laboral. “Si no se le pone freno o se admite que todas estas personas no son trabajadoras, sino autónomas, lo que quiere decir es que no tienen derechos laborales como pasaba antes de que hubiera regulaciones laborales y el Estado de derecho” alerta Todolí. Con esos derechos, se refiere a que “no haya salario mínimo, pensiones inexistentes o bajísimas, que no haya vacaciones, jornadas sin máximo de horas, trabajar 14 o 16 horas como ocurría hace más de un siglo”.

En caso de regularse, dice Riesgo, debe ser desde una perspectiva laboral y aplicando la legislación laboral vigente, “porque esos derechos laborales han sido el baluarte para construir el Estado de bienestar y la no regulación pone más en crisis este Estado de bienestar por la falta de ingresos fiscales”. En este sentido, Comas se siente optimista. Defiende que ahora mismo hay una necesidad enorme de recaudación por parte de la Seguridad Social, lo que ha hecho que la Inspección de Trabajo se centre en este tema. Prueba de ello son los 11.000 riders de Glovo y los 4.000 repartidores de Amazon Flex que las empresas han tenido que admitir como empleados tras las denuncias de varios sindicatos o trabajadores y la correspondiente inspección. Pero, como hemos visto a lo largo de este texto, no son solo esas profesiones las afectadas por ese fenómeno precarizador y que priva de derechos que han costado décadas obtener. “España entera está llena de falsos autónomos”, lamenta Comas. A evitar el efecto bola de nieve al que hacía referencia Todolí se suma el de la necesidad de ingresos fiscales al que nos enfrenta esta nueva crisis del covid que señala la abogada: “Si todo esto aflorara, tendríamos un aumento de las cotizaciones de la Seguridad Social y un incremento en las arcas de la tesorería brutales”.



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