Estados Unidos | “Ideología de género” y estrategias políticas de clase en el auge de los fascismos – El Salto


La así llamada ideología de género se ha convertido en uno de los ejes aglutinadores de las nuevas derechas desde Estados Unidos a Brasil, pasando por España. Tal cosa es difícilmente comprensible sin entender a qué estrategia política de clase responde y tampoco sin abordar sus continuidades con un pasado que sigue vivo.

Este texto defiende que el debate en torno a la centralidad del género tiene un enfoque inadecuado. No se trata de una reacción masculinista al crecimiento y el éxito social del feminismo. Tampoco del rechazo a un feminismo hembrista y misándrico que persigue criminalizar a los varones mediante instrumentos legales perversos, carentes de toda garantía jurídica. La variedad de contextos nacionales en que dicha línea política se aplica no permite, en primer lugar, pensar que en todos ellos las leyes de violencia de género sean un detonante; bien pueden no existir en muchos casos. En segundo lugar, ningún resentimiento cuya expresión hasta ahora haya permanecido prácticamente larvada en el ámbito privado, puede ocupar repentinamente la centralidad del espacio político sin obedecer a otros factores explicativos.

Antes de nada, es preciso aclarar el concepto de ideología de género y su historia, ahondar en sus causas. El término “ideología de género” es una designación despectiva de origen vaticano. Estaba dirigida al conjunto de análisis y políticas que, desde mediados del siglo XX, han sostenido que la categoría “sexo”, lejos de estar fundada en una mera diferencia biológica, está construida socialmente.

Dicha categoría tiene el sentido de convertir hechos físicos en elementos política y socialmente relevantes dentro de unas determinadas relaciones de poder. Tales redes de poder producen un régimen de verdad, que distribuye los estatutos de cada quien, la superioridad y la inferioridad, la normalidad y la anormalidad, con respecto de lo que podríamos llamar la verdad del sexo. A esta constitución social y normativa de lo verdadero en materia de sexo es a lo que se denomina “género”.

Sólo desde el punto de vista de que la naturaleza determina y legitima funciones sociales normativas, puede dicho análisis ser tildado de ideológico. Esta caracterización peyorativa es fruto de la reacción familiarista de la Iglesia a la contracepción como derecho a la salud reproductiva y a la adopción del concepto de “género” como categoría analítica y política. Ambos extremos acordados en la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo de 1994 y en la Conferencia de Pekín sobre la Mujer de 1995, las cuales fueron organizadas por Naciones Unidas.

En el primero de estos encuentros se abandonó la cuestión del control demográfico en favor de la reivindicación de los derechos reproductivos. En el segundo apareció, por primera vez en una conferencia internacional, la crítica de la normatividad del rol femenino en tanto vinculado a la reproducción, esto es, la concepción del sexo como género.

La contestación de la Iglesia católica fue preventiva. Con inmediata anterioridad a la celebración de la Conferencia de El Cairo, se anticipó a la idea de que el aborto pudiera ser considerado un derecho reproductivo. En el año 2000 el Consejo Pontificio para la Familia publicó un documento de orientación política general y no solo pastoral titulado Familia, matrimonio y uniones de hecho, en el que se plasmó su rechazo a lo que se denomina ya “ideología de género”. En este documento invocaba la verdad del sexo, que da base al matrimonio, como esa paradójica institución natural sobre la que reposa la familia y, por ende, la sociedad (nota al pie, 1).

Los conservadores de nuevo cuño incorporaron todo el agit prop de la izquierda. Aprendieron a movilizar la calle y la sociedad civil pasando de “mayoría silenciosa” a minoría militante

El nuevo etiquetado vaticano de la ideología de género referido a la crítica de las jerarquías sexuales, fue adoptado con alborozo por las nuevas derechas e insertado como uno de sus componentes en el llamado “marxismo cultural”. Este término innovador fue difundido por los paleoconservadores en los años noventa para designar a la nueva izquierda. Esta facción de la derecha estadounidense, enfrentada a los neocon, inspiradora de los principios de la actual alt right, ponía el foco en la Escuela de Frankfurt, con un innegable tono conspiranoico y sabor a judeobolchevismo redivivo. Afirmaban que el nuevo marxismo cultural no tenía base social objetiva alguna, como sí era el caso del marxismo clásico.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX dicho antagonismo se habría revelado innecesario gracias al notable progreso material de la clase trabajadora. Por lo tanto, el marxismo solo podía subsistir gracias a la agitación de conflictos identitarios y simbólicos que penetraran en la mentalidad de la población. Tales maniobras de guerrilla cultural, fundamentalmente comunicativas, estarían orientadas a destruir la civilización, sus libertades y sus raíces cristianas. Es, no obstante, cuanto menos paradójico que, desde los años setenta, esas tácticas culturales y de guerrilla comunicativa, atribuidas a sus enemigos políticos, sean el campo de operaciones privilegiado de las nuevas derechas. Tal y como ya hiciera notar Finkielkraut, los conservadores de nuevo cuño incorporaron todo el agit prop de la izquierda. Aprendieron a movilizar la calle y la sociedad civil pasando de “mayoría silenciosa” a minoría militante sobre la base de cuestiones de tipo moral y, sobre todo, sexual.

Valgan para el caso los movimientos provida del retorno femenino al hogar y a las raíces cristianas, o las campañas contra el movimiento gay, que —sostenían— contaminaba a la sociedad normal y sobre todo a la infancia. En 1977, en Florida, se aprobó una ordenanza contra la discriminación de personas homosexuales. Frente a esta ley, Anita Bryant, ex Miss Oklahoma, lanzó una campaña de defensa de la familia que consiguió retirar dicha norma. En sus palabras: “Como no pueden reproducirse, los invertidos deben hacer proselitismo. ¿Y cuáles son sus primeras víctimas? Naturalmente, nuestros hijos”. No en vano tal iniciativa fue publicitada con esta dramática consigna: “Save Our Children”.

No fue la única ni la primera campaña moral de este tipo. La política conservadora Phyllis Schlafly, se puso a la cabeza del combate contra la enmienda constitucional por la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por razón de sexo (ERA), aprobada en 1972. La campaña contra la ERA resultó exitosa: la ley no fue ratificada. Así mismo, John Briggs, senador californiano, sometió a sus electores en 1978 a la propuesta de excluir de la enseñanza a los homosexuales o a los que defendieran la homosexualidad públicamente. En esta ocasión fue relevado por esos mismos electores. Fue la primera derrota de los adalides de la recién movilizada “mayoría silenciosa”.

La derecha de su tiempo exploró estas guerras culturales con notable imaginación. Tal y cómo observa Finkielkraut: “La derecha clásica y respetable, que se concentra en los problemas de interés general, intenta diferenciarse cada vez con mayor claridad de la derecha puritana que moviliza sus adeptos sobre la base de problemas de moralidad y de costumbres […] en lugar de preparar la toma del poder. Es precisamente limitando sus objetivos como la nueva derecha va conquistando una capacidad de influencia”. Debe mencionarse a este respecto la importancia de la cuestión del aborto. En 1980, únicamente quince Estados de la Unión mantenían la interrupción gratuita del embarazo.

La repolitización de cuestiones de carácter privado se erigió en una consigna política de la Nueva Derecha

De hecho, el nuevo conservadurismo norteamericano se articuló sobre todo en torno al rechazo al aborto, legalizado en 1973 gracias a una sentencia del Tribunal Supremo. Este movimiento se impulsó en primer lugar bajo el auspicio de la Iglesia católica y en segundo lugar bajo el de las iglesias protestantes fundamentalistas, vinculadas en gran parte al movimiento de la mayoría moral de Jerry Falwell. La capacidad organizativa de las iglesias dentro de la sociedad civil ofreció una amplia base social a la Nueva Derecha, ahora autodefinida como “pro-vida”, “pro-moralidad”, y “proAmérica”, es decir, “antifeminista”, “antihomosexualista”, “antiabortista” y “anti-divorcio”. En suma, “pro-familia”.

Lo personal es político no era ya solo un lema feminista; la repolitización de cuestiones de carácter privado se erigió en una consigna política de la Nueva Derecha. Pero vayamos más hondo: ¿qué proyecto era el que animaba esa sorprendente y paradójica reprivatización —también desde el punto de vista tradicional— y “feminización” de la vida política, tan extraña y ajena a los conservadores clásicos? La oposición al Welfare State requería asumir a la familia como único elemento responsable de la seguridad social del individuo, frente a la injerencia estatal.

Se trataba, al fin y al cabo, de destruir los diques propios del Estado del Bienestar, que aún contenían al libre mercado. El familiarismo tenía, por lo tanto, su razón de ser en un programa de liberalización económica. El argumento legitimador de esta nueva oposición sostenía, patriarcalmente, que el mantenimiento de los gastos sociales, con el consiguiente incremento de los impuestos y una mayor inflación, obligaba a las mujeres casadas a incorporarse masivamente a la producción, minando la autoridad del padre dentro del núcleo familiar. En concreto, la figura del padre encarna la función de restricción moral. Gracias a ella el individuo asume autorresponsabilidad y autocontrol. La protección de los grupos sociales más desfavorecidos debe ser rechazada sobre la base de la falta de laboriosidad y de la laxitud moral de los mismos. La madre negra soltera, como receptora de ayudas, toma el viejo lugar de los inadaptados sociales que constituían una carga para el honrado y tenaz contribuyente.

La familia monomarental afroamericana aúna así dos de las lacras mayores en este complejo ideológico: la maternidad sin un cabeza de familia varón, lo que produce descontrol y, por ende, delincuencia en el individuo criado sin referencia paterna; y la extracción de renta al respetable ciudadano que sí se “autocontrola” y afronta sus responsabilidades previsoramente, pero que debe subvenir con sus impuestos a las necesidades de esos desestructurados y peligrosos núcleos familiares.

En definitiva, se trata, una vez más, de ensalzar la civilización blanca, cristiana, basada en la autoridad del padre (en sus versiones religiosas más extremas se llegaba incluso a la defensa del castigo corporal al niño). De forma más o menos explícita, la raza se erigía en el pilar civilizatorio sobre el que se sostienen las libertades y las instituciones que constituyen su salvaguarda.

El afán polémico y moralista, alentado por este ideal viril, resulta particularmente culpabilizador respecto de quien no se ajusta a las reglas de mercado, de quien no se muestra suficientemente fuerte y autónomo. Por esta razón, el masculinismo no es una excrecencia ideológica contingente. Al ideario de libre mercado le resulta penoso desembarazarse de él, en tanto posee una doble función: reforzar normativamente la moral del trabajo y la estigmatización del perdedor en la lucha económica por la supervivencia. En segundo lugar, hacer reposar sobre las espaldas de las mujeres la reproducción social de la vida en forma de trabajo no pagado y, por tanto, sin costes para el capital.

Una genealogía de la cultura burguesa y de su noción de sujeto, para cuyo desarrollo no hay aquí espacio, nos permite comprender el vínculo entre raza y sexualidad y su relación con el trabajo en tanto valor formativo. Todo esto sigue vivo en las nuevas derechas. Hoy como ayer, se concibe la regulación del deseo como la base de la aptitud para el esfuerzo productivo, y por tanto para el libre mercado, así como para la obediencia civil que lo preserva, gracias a la cual hay sujetos (jurídicos y políticos). La sujeción del deseo anudada a una ética del trabajo aparece como la piedra angular de la democracia liberal y tiene un sustrato judeocristiano, cuando no directamente protestante.

Desde la perspectiva de los neoconservadores, la decadencia moral de América, con su libertad de costumbres, supone una crisis que no solo socava a la economía y a la nación, sino que también tiene dimensiones civilizatorias. Junto con sus raíces étnicas y cristianas, se sacrifica al propio sujeto liberal. En este punto, los neoconservadores, los paleoconservadores y sus herederos de la alt right tienen plena coincidencia. Otro de los célebres ensayos sobre la nueva derecha estadounidense de los años setenta —¿Qué pasa con Kansas? de Thomas Frank— nos pone sobre la pista de lo que estaba en juego en esa nueva guerrilla cultural centrada en cuestiones de moral. Frank describe los logros de la nueva derecha a la hora de atraer a los sectores populares. Con una imagen atractiva habla de una Revolución francesa “al revés”, en la que los sans culottes se alían con la aristocracia, los republicanos ostentosamente ricos que nada tenían en común con ellos, por odio a un enemigo compartido, el “progre”.

La racialización o etnicización del conflicto de clase en EE UU es un elemento compartido con los fascismos europeos

Frank argumentó sólidamente que el progresismo carecía de peso político en ese contexto, y que solo a través de su sobrerrepresentación cultural (simbólica) podían ser percibidos como la encarnación de un insoportable elitismo de clase que tuviera alguna significación en la vida cotidiana. La tesis de Frank puede resumirse en que el objetivo del desplazamiento de la nueva derecha hacia cuestiones culturales —se podría decir que cuestiones “de gusto”— radicaba en la integración de las capas trabajadoras de la población en un proyecto neoliberal que en ningún caso podría coincidir con sus intereses. El objetivo no era limitar el mercado, sino destruir los sistemas de protección, en lo que Frank llamó, nuevamente con eficacia expresiva, el “Contragolpe”.

La oposición de la auténtica América a la amenaza de la falsa (feminista, homosexual, liberal, cultural y racialmente diversa, etc.), permite componer el sano cuerpo de la nación, situando a la clase trabajadora bajo la dirección de las élites y eliminando el antagonismo. El propósito de generar un bloque nacional interclase que neutralizara el conflicto social se emparenta con las estrategias políticas de las décadas de 1920 y 1930, tanto del fascismo europeo como de la clase dominante en Estados Unidos, antes de la Gran Depresión. De hecho, la abundancia de términos como posfascismo, neofascismo, etc., que ponen en continuidad el nuevo fenómeno con los viejos fascismos, solo desorienta mientras nos mantengamos en el plano de la esencia o la sustancia. Cuando nos desplazamos al plano de la función y de las estrategias de clase, su parentesco con los viejos fascismos resulta revelador. La racialización o etnicización del conflicto de clase en EE UU es un elemento compartido con los fascismos europeos.

La conversión de la cuestión social en cuestión sexual y racial, inauguró toda una nueva época biopolítica que señalaba no solo a un exterior colonizado, sino también a los enemigos interiores de la nación. Enemigos hace tiempo perfectamente insertos en la sociedad civil o con cada vez menos razones jurídicas para no ser incorporados en calidad de miembros de pleno derecho a la ciudadanía. Lo esencial en cualquier caso es la consecución de ese cuerpo nacional afirmado ante un peligro, un riesgo insalvable de supervivencia mediante la figuración de una hostilidad que lo es contra el cuerpo in toto de la nación, contra sus valores y su forma de vida, contra su civilización, y no contra la desigual distribución de la riqueza o la organización económica.

Acudir al encuentro de ese cuerpo popular homogéneo, de dignidad superior, requiere ir a la busca de su enemigo, figurarlo. Y en tanto que este no existe, en tanto que no aparece por ninguna parte en la forma de una confrontación real, activa y patente, solo puede constituirse en enemigo biopolítico, en una amenaza por su mera existencia, una especie de contaminación o plaga. En términos de estrategia de clase es una cuestión abierta si, para conformar ese bloque nacional interclase por oposición a los elementos impuros y regenerar la nación, se deben o no transformar las instituciones liberales, apelando a una suerte de recambio de élites o basta —con una mayor economía de esfuerzos— con reinterpretarlas racialmente, como en el caso norteamericano.

Debido a que la experiencia norteamericana de la década de 1920 nos es más afín a la hora de entender a la nueva derecha que los fascismos europeos se va a tratar de mostrar cómo procede esa conversión de la cuestión social en cuestión sexual y racial. Se va a observar así como se reinterpretan racialmente las instituciones propias de la democracia liberal. No obstante, cabe señalar que esta construcción del cuerpo de la nación en términos de desconexión del antagonismo de clase, de desrealización de este, solo es posible, con una precondición. El movimiento obrero debe ser ya inocuo, debe haber sido controlado o vencido a fin de poder ser integrado en este nuevo bloque nacionalista.

De la clase al complejo sexo-raza

El nativismo norteamericano, en principio etnicista (anglosajón, anticatólico y protestante), se vuelve cada vez más racial, coincidiendo con las grandes olas migratorias de los años ochenta del siglo XIX. En esa década, los puertos estadounidenses empezaron a descargar gentes procedentes del este y el sur de Europa, así como de China y Japón. Las instituciones liberales perduraron, pero fueron cada vez más comprendidas a la luz de la raza, de un racismo expansivo. El foráneo, ya racializado, pasó a representar una amenaza para la civilización liberal.

Esta se consideraba fruto de una determinada constitución física, más que de un contrato social, el cual, en todo caso, solo los racialmente aptos eran capaces de asumir. Así se expresaba en 1927, el diputado nativista Albert Johnson, presidente de la Comisión de Inmigración del Congreso: “Nuestra capacidad para conservar nuestras queridas instituciones permanece diluida por una corriente de sangre extranjera, con todas sus erróneas interpretaciones acerca de la relación existente entre gobernados y gobernantes”.

Se trataba de una interpretación popular, que estaba lejos de limitarse al mundo académico o de élite. El presidente de la Orden Juvenil de Mecánicos Unidos la expresó así con nitidez: “Yo me enorgullezco de mi parentela. Por una de las líneas mi antepasado era alemán y por la otra era inglés. Esa es la clase de gente que nosotros podemos absorber. Pertenecían a esa raza independiente que llegó con la idea, metida en el corazón y en la mente, de las bellezas del autogobierno”.

La confrontación autóctono/extranjero resultó en una fuente de debilidad política para el movimiento obrero estadounidense, que además se añadía a la de blanco/negro

En el caso de EE UU, la conformación racial de la nación formalmente democrática se retrotraía a las tempranas y conflictivas respuestas al problema negro. El periodo llamado de la Reconstrucción (1865-1877), que sigue a la guerra civil entre republicanos y confederados, contempló la reversión, en sus últimos años, de las relaciones de fuerza en favor de los antiguos terratenientes y funcionarios blancos. En la década de los noventa se introdujeron nuevas restricciones al voto negro, a pesar de la formalidad jurídica constitucional. Además, se aplicaron las llamadas leyes Jim Crow, basadas en el principio de “iguales pero separados”.

Se estaba así produciendo una criminalización sistemática de las personas negras a fin de garantizar el suministro de mano de obra forzada, que venía a reemplazar a la esclava recién abolida, mediante el arriendo de presos negros permitido por un vacío legal en la XIII enmienda de 1865. El hostigamiento policial venía de la mano de la imaginería racista que la legitimaba: la figura del negro delincuente, descontextualizada de toda dimensión social, cuyas dramáticas consecuencias perduran hoy en día, tiene su origen en la división del trabajo y la brutal explotación laboral.

Con respecto del nuevo proletariado migrante sureuropeo y eslavo, la confrontación autóctono/extranjero resultó en una fuente de debilidad política para el movimiento obrero estadounidense, que además se añadía a la de blanco/negro. La clase trabajadora norteamericana recelaba de la extranjera; temía que su crecimiento supusiera el descenso de los salarios. La AFL, sindicato mayoritario, fue especialmente beligerante. Este sindicato de oficios fundado en 1881 con otro nombre, y solo nominalmente trade-unionista, estuvo sumido en lo que se llamó gompersismo.

El gompersismo consistía en la defensa del trabajo cualificado mediante la exclusión de los advenedizos. Se trataba de mantener la escasez de la mano de obra cualificada, al fin de exigir un alza continua de los salarios, tal y como preconizaba su líder Gompers. Si la AFL se posicionó en 1897 a favor de la limitación de la mano de obra extranjera, lo mismo habían hecho en 1892 los Caballeros del Trabajo.

El socialismo político norteamericano tampoco llegó a superar esta dificultad. Solo el sindicato revolucionario IWW y la tendencia socialista izquierdista resistieron la extensa racialización de la vida del país, rechazaron ser cómplices del cierre migratorio y permanecieron fieles al principio de unidad de clase por encima de las diferencias étnicas o raciales.

Pese a todo, el prurito racial, abrumadoramente mayoritario, dejó el campo libre a las maniobras divisionistas de la patronal. Tal y como relata J. Karabel: “Los empresarios rápidamente aprovecharon la gran animadversión que existía entre los trabajadores de orígenes étnicos y culturales diferentes. Una de las tácticas preferidas era la de contratar obreros de distintas nacionalidades, preferiblemente rivales, para trabajar en la misma planta. Allí, la dirección solía reservar los puestos cualificados para los obreros nacionales o para los «inmigrantes antiguos» y relegar a los inmigrantes nuevos a los grupos de los semicualificados y los no-cualificados. […] La división entre los relativamente privilegiados obreros americanos y los inmigrantes «antiguos», por un lado, y los inmigrantes nuevos, sobrecargados de trabajo y peor pagados, por otro, tuvo pésimas consecuencias para el movimiento obrero. Posibilitó la formación de una aristocracia obrera de los trabajadores nacionales que, instigada y apoyada por el Estado y por segmentos de la clase capitalista, pudo influir en forma de control sobre las organizaciones obreras. Ese control — ejemplificado en la casi ininterrumpida reelección del brillante y combativo Samuel Gompers, como presidente de la American Federation of Labor desde 1886 hasta su muerte en 1924— fue duramente criticado por los socialistas”.

Como bien recuerda Hobsbawn, las élites políticas en Estados Unidos, con Theodore Roosevelt al frente, encumbraron al cowboy blanco y protestante, que hacía las delicias de las clases medias y altas nativas, como símbolo de la libertad y el auténtico americanismo. El héroe nativo, no asociado, de los espacios abiertos, era contrapuesto a la inmigración miserable, eslava, semita y mediterránea (potencialmente socialista), y al crecimiento descontrolado de la ciudad, ese espacio explosivo, sobrepoblado y estrecho, todo ello coincidiendo con la llegada de una fuerza de trabajo ni germana ni protestante.

El nativismo racial, y no solo religioso o étnico, como el que afectó antes a alemanes e irlandeses, penetró de modo innegable en la acción de gobierno frente al proletariado extranjero, en forma de cierre migratorio. De hecho, la producción cultural alentaba la política anti-inmigratoria. Tanto el libro de Madison Grant, The Passing of The Great Race de 1916, o el de su continuador, Stoddard (The Rising Tide of Color: The Threat Against White World-Supremacy de 1920) que fue un auténtico best-seller, ampliamente elogiado por el presidente Harding, animaron al restriccionismo migratorio y a combatir la degeneración.

En un artículo del vicepresidente de Harding, Calvin Coolidge, fechado en febrero de 1921 y titulado «¿De quién es este país?» se respondía con claridad a esa pregunta: la nación era de los americanos nórdicos, que debían obedecer las leyes de la biología evitando la «miscegenación».

De este modo, se aplicaron nuevos controles fronterizos vinculados a la salud, y luego a la salud mental, una anomalía que porta el inmigrante, el cual deviene además psiquiatrizable. La afluencia de una masa de trabajadores descualificados había puesto en guardia a los poderes públicos. A partir de 1875 la ley federal además de establecer controles sanitarios, excluía a “indeseables” morales (“culis, prostitutas y convictos”). En 1882 se excluyó a “lunáticos e idiotas”, en 1903 a “epilépticos e insanos”, en 1907 a “imbéciles y débiles mentales”, en 1917 a personas con “inferioridad psicopática constitucional”.

La gran familia de indeseables se fue ampliando, sobre todo a raíz de la llegada de una gran oleada de inmigración sureuropea y de Europa oriental en la década de 1880, siempre con la tenaz cooperación del poder psiquiátrico. La llamada “vuelta a la normalidad” de la era Harding (1921-1923), tras un periodo de conflictividad social y de radicalismo obrero, inauguró el control demográfico con respecto a la inmigración europea a través del cierre migratorio selectivo. Su sucesor en la presidencia, Calvin Coolidge, llevó esta política a su apogeo.

Así, si la ley provisional de 1921 estableció cuotas del 3 % respecto de los grupos que ya residían en el país, en 1924 se promulgó la Ley Johnson-Lodge que redujo la cuota al 2 % según el censo no de 1920, sino de 1890, fecha en que se situaba la última gran ola migratoria procedente de Europa del sur y del este. Con esta política se pretendía excluir a esas “gentes biológicamente inferiores”.

En Estados Unidos el nuevo racismo radicó en un aseguramiento preventivo del nivel y condiciones de vida de la “clase media” política

El nativismo estadounidense estaba confrontado al proletariado foráneo, lo consideraba portador de una semilla socialista potencialmente revolucionaria. No de otro modo se puede entender el vigilantismo durante la Gran Guerra, con su acusación de “espionaje alemán” a los disidentes de la participación en el conflicto bélico, en medio del mandato étnico que Theodore Roosevelt resumió sucintamente en la expresión “cien por cien americanismo”.

En 1919 las persecuciones del fiscal general Palmer durante el mandato del presidente Wilson siguieron esta estela, con la imputación al migrante de un ideario y prácticas antiliberales. En las redadas que van de noviembre de 1919 a enero de 1921, miles de extranjeros, de los cuales la mayoría no había cometido crimen alguno, fueron puestos bajo sospecha por sus creencias o por su origen. La Legión Americana y el Ku Klux Klan llamaron a la lucha patriótica.

El socialismo se convirtió en una intrusión extranjera destinada a infectar el cuerpo nacional, los principios y condiciones de existencia de la raza. Frente a una inflacionada amenaza revolucionaria, se opuso un racismo “liberal”, esto es, se reinterpretó el conflicto social como racial, del mismo modo que en relación con la cuestión negra se había hecho del conflicto civil un conflicto sexual.

En la Europa continental —en donde se transformaron las instituciones liberales con una clara vocación revolucionaria de “recambio de élites”—, las razones de este etnicismo/racismo de Estado residieron en una humillación de clase, en concreto de la pequeña y mediana burguesía. En cambio, en Estados Unidos el nuevo racismo radicó en un aseguramiento preventivo del nivel y condiciones de vida de la “clase media” política, incluyendo en esta a gran parte de la clase obrera autóctona que, debido a la particularidad de sus altos salarios, se identifica con los estratos medios de la sociedad norteamericana. Salarios en parte garantizados por una división étnica entre proletariado autóctono cualificado y proletariado descualificado “no blanco”.

En ambos casos se trata de motivaciones claramente vinculadas al estatus. Y en ambos, el cuerpo, la sexualidad y la raza fueron las piedras angulares sobre las que se construyó un profundo sentido de pertenencia nacional en calidad de beneficiarios principales del patrimonio común. No obstante, cuando los fascismos comenzaron a erigirse en poderosos movimientos de masas —el proceso de “fascistización” en palabras de Poulantzas—, tanto en Italia como en Alemania, el movimiento obrero revolucionario ya había decaído.

Asimismo, cuando el nativismo racial, nacido en Estados Unidos durante las dos últimas décadas del siglo XIX, adquirió mayor adhesión y virulencia, el radicalismo obrero también había sido ya derrotado. Los ultrachovinistas, no menos que el propio Theodore Roosevelt, se servían de la acusación de sabotaje y espionaje ya antes de 1917, año de la entrada de EE UU en la Gran Guerra, para exagerar el peligro de subversión interna. Y también durante su participación en el conflicto estos argumentos permitieron exigir una total conformidad a lo que se denominaba “cien por cien americanismo”. La ley de espionaje de 1917, que precedió a la ley de subversión de 1918, autorizaba a arrestar a los disidentes. La persecución se dirigía a socialistas, anarquistas y en general a todos aquellos que se oponían al capitalismo y lo denunciaban como la causa de la guerra.

En la masiva e ilegal deportación que tuvo lugar en el verano de 1917, se condujo a cerca de 1200 mineros huelguistas sin agua y comida al desierto de Nuevo México; la mitad de ellos eran miembros de la anarcosindicalista IWW, un tercio de ellos mexicanos. Así mismo, en septiembre de ese mismo año se detuvo a 165 miembros de la IWW bajo la acusación de espionaje. De ellos, 101 fueron sentenciados en 1918, lo que dejó prácticamente destruida a la organización. La represión contra el Partido Socialista también tuvo efectos devastadores. Al final de la guerra, cerca de un tercio de la ejecutiva del partido estaba en prisión.

El propio pánico rojo (red scare) de 1919 que asoló el país por el aumento de la conflictividad laboral, carecía ya de sentido. No había ningún peligro revolucionario, el radicalismo obrero había sido desarbolado. El número total de afiliados a los dos partidos comunistas apenas llegaba a 75.000, de los cuales muchos menos eran activistas, lo que imposibilitaba cualquier perspectiva de revolución. Es más, las huelgas de 1919 fueron ante todo de índole económica.

En Seattle, la huelga de astilleros devino huelga general, paralizando la ciudad. La secretaría de prensa de Wilson afirmó que el país estaba entre el orden y la anarquía, mientras que un periódico imprimía este titular: “Reds directing Seattle Strike –To Test Chance for Revolution”. En la huelga más larga de 1919, con corazón en el sector del metal, a cuya organización contribuyó la moderada AFL, la presencia en el comité de un miembro de la IWW dio pretexto a la prensa para presentar la huelga como un primer paso a la revolución comunista, siempre inspirada por extranjeros sediciosos. Apenas se reconoció en el paro el intento (puramente reivindicativo) de lograr mejores condiciones laborales en la recalcitrante industria del metal.

Tras los atentados del 1 de mayo de 1919 contra figuras políticas y empresariales prominentes, entre ellos el propio fiscal general Mitchell Palmer, que nadie reivindicó, se pusieron en marcha varias redadas a fin de arrestar y deportar a los extranjeros anticapitalistas. La llamada “Progressive Era” (1890-1920) fue profundamente racista. Pero es precisamente tras la derrota definitiva del radicalismo obrero en los años 1917-1919, tras la “vuelta a la normalidad” iniciada por el gobierno de Harding, lejos de la agitación social, cuando el Ku Klux Klan adquirió su mayor expansión, así como una notable influencia política.

Esta expansión fue simultánea, además, al recrudecimiento del cierre migratorio y a su gran apoyo social: “Entre 1924 y 1926, momento de su mayor penetración, el Klan tenía entre cuatro y ocho millones de miembros. […] El sentimiento nativista alcanzó nuevas cotas con la Ley de Inmigración de 1924, que centraba sin miramientos sus esfuerzos restrictivos en la inmigración del sur y el este de Europa, estableciendo cupos para las diversas nacionalidades, según su peso relativo en la población nacional de 1890, antes de la última oleada de inmigración. Esta medida casi acabó con la afluencia masiva de extranjeros hasta la década de 1960”.

Nunca hubo un auténtico peligro revolucionario en Estados Unidos al que respondiera el nativismo. No se trataba por tanto de una contrarrevolución, sino de un movimiento preventivo, que paradójicamente logró sus mayores niveles de adhesión una vez decayó la combatividad obrera. En este sentido, si bien hoy no hay una inminente amenaza revolucionaria a la que respondan los nuevos movimientos nacionalistas, las amenazas son, empero, tan irreales como necesarias al aseguramiento del statu quo.

Estos movimientos tratan de bloquear la expresión de las contradicciones. La irrealidad de la amenaza política es precisamente lo que permite transfigurar en amenazas biológicas y sexuales para toda la población (incluida la clase trabajadora) cualquier apertura de la cuestión social. La conversión de la sobredimensionada amenaza obrera en amenaza racial no constituye sino una desrealización del antagonismo de clase, llamada a su pleno éxito precisamente cuando la conflictividad social está en repliegue y—si se está en lo cierto en esta lectura de los hechos— solo porque está en repliegue. Somos herederos de esa transmutación fantasmagórica de la lucha de clases en cuestión sexual y racial. Aquí no se puede desarrollar la larga historia de la conversión del “problema obrero” en problemas de índole moral y sexual, a fin de hacer surtir un efecto de despolitización. No obstante, estas operaciones biopolíticas que se remontan a los años cuarenta del siglo XIX, difieren de las propias de las décadas de 1920 y 1930 y de los actuales posfascismos en que las primeras, a pesar de tratar de incluir parcialmente a la clase trabajadora en la sociedad normal, mantienen las barreras estatutarias mediante lo que podría denominarse un racismo de clase psiquiatrizante y eugenésico.

En cambio, en el periodo de entreguerras, la integración del proletariado autóctono y blanco se quiere plena. El objetivo es la producción de un bloque social bajo el mando de las élites, que clausure el antagonismo de clase como tal, desvirtuándolo y transfigurándolo en un atentado contra la unidad, salud y fuerza de la nación, de la que también forma parte el pueblo trabajador. En el desplazamiento de la cuestión social a la biopolítica —relativa a la raza y a la sexualidad—, la percepción de las contradicciones sociales es envuelta en un gran y nebuloso halo de irrealidad: en lugar del conflicto político patente, el oculto contubernio judeobolchevique o la interior y soterrada predisposición racial al socialismo; en lugar de la centralidad de la confrontación en torno a la riqueza, la renta directa o indirecta, el evasivo marxismo cultural, el multiculturalismo y la ideología de género “progres”.

Cambian los contenidos: del antisemitismo a la islamofobia, del natalismo de la nación valiosa y el asertivo chovinismo masculino a un antifeminismo quebradizo y victimista, del marxismo como judeobolchevismo al marxismo cultural (ambos enemigos de la nación, de la pureza de costumbres), del enemigo racial como ente físico a la raza a veces concebida solo en términos de esencialismo cultural, del peligro de degeneración fisiológica a causa del mestizaje al de anomia por carencia de límites (fronteras eficaces, muros, no solo materiales, sino culturales), en definitiva, por ausencia de referentes y de identidades fuertes… El relativo déficit de biologicismo de las nuevas derechas no es capaz de esconder las continuidades. Incardinar las tácticas culturales, sexuales y raciales en las estrategias de clase hace inteligibles las operaciones denominadas posfascistas, con las que se trata de dar una frágil respuesta a la crisis de gobernabilidad de las poblaciones en el seno del capitalismo financiero, confiriendo un estatus compensatorio a quien no lo tiene dentro de la economía de mercado o al que se siente en riesgo de perderlo.

Esto no quiere decir que las cuestiones raciales o sexuales tengan un carácter secundario con respecto de la contradicción capital-trabajo, al modo en que se suele concebir por parte de la izquierda tradicional. Toda estrategia de clase requiere medios culturales de cohesión, sin los cuales no puede ser llevada a cabo. Por eso no cabe caracterizarlos como una superestructura irrelevante: la clase no es meramente un concepto económico, sino político. En esos términos, la reubicación de dichas cuestiones biopolíticas en el plano del antagonismo de clase es necesaria para lograr transformaciones reales y profundas, no menos que para concebir el fondo de los debates y reconducirlos al terreno en el que estos se juegan. En el caso del trumpismo asociado a la alt right estadounidense, se prueba un refuerzo del soberanismo, cuyo objetivo es hacer funcionar las fronteras nacionales en un sentido proteccionista de parte del capital autóctono más eficaz. A tal fin, se busca la alianza con los resentimientos de una parte significativa de la población cuyos niveles de seguridad económica han descendido, compensándoles simbólicamente con un estatus superior en las jerarquías sexuales y raciales, pero en ningún caso en las de clase.

Por todo ello cabe concluir que un feminismo y un antirracismo anticapitalistas, asentados en demandas materiales concretas, y no meramente declarativos, resultan imprescindibles. No tanto como prevención coyuntural ante el auge de las nuevas derechas, sino en el ciclo largo de oposición al capitalismo financiero en favor de la reproducción social, esto es, en un terreno de conflicto no mistificado. De otro modo, se hará de su falso reflejo, de la fantasmal amenaza securitaria e identitaria como emergencia nacional, el caladero de nuevos e imprevisibles monstruos políticos.

 



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