La caza vuelve a estar prohibida en los Parques Nacionales


Este 5 de diciembre ha expirado la disposicin que pretenda que los propietarios de fincas y municipios llegaran a acuerdos para evitar expropiaciones forzosas

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Seal de «coto privado de caza».
A. HEREDIA

La moratoria a la caza y la pesca deportiva o comercial en Parques Nacionales llega a su fin este sbado, 5 de diciembre, fecha en la que expira la disposicin adicional sptima de la Ley de Parques Nacionales de 2014 que as lo estableci, con el fin de dar tiempo a los parques, a los propietarios de las fincas afectadas y a los municipios a llegar a acuerdos voluntarios para evitar expropiaciones forzosas.

La ley daba ese plazo «mximo» de seis aos para adecuar la situacin de los parques nacionales con la normativa y sealaba que en los casos en los que la adecuacin afectara a derechos de terceros las administraciones pblicas promoveran la celebracin de acuerdos voluntarios o bien realizaran expropiaciones forzosas o rescate de derechos.

La situacin afecta a propietarios de Doana, Cabaeros, Monfrage, Sierra Nevada y Picos de Europa, que suman una superficie de ms de 200.000 hectreas. En la vspera del fin de la moratoria, el Organismo Autnomo Parques Nacionales ha informado a Europa Press que hasta la fecha se han formalizado 36 acuerdos, que suman una superficie de 104.043,64 hectreas, por lo que quedara llegar a acuerdos sobre una superficie estimada de unas 97.902 hectreas. Los acuerdos, en su gran mayora se han suscrito con los Ayuntamientos de la zona.

Desde el OAPN aclaran asimismo que la superficie de Parques Nacionales en los que todava no se han alcanzado acuerdos voluntarios para las zonas afectadas por la prohibicin de cazar desde este mismo sbado equivale al 0,2 por ciento del territorio nacional, frente al 87 por ciento, que suma 43,9 millones de hectreas y que est declarado de aprovechamiento cinegtico.

Adems, seala que estn requiriendo a los propietarios y titulares afectados la documentacin necesaria para llegar a esos acuerdos y evitar tener que acudir a procedimientos de expropiacin forzosa de los bienes y derechos. No obstante, aade que de momento se han recibido escasas respuestas de los propietarios hasta la fecha.

Precisamente los datos concretos de cada finca que aportan los propietarios son necesarios para calcular en base a los criterios tcnicos las indemnizaciones a tales propietarios.

Finalmente, subraya que desde este sbado, la fecha prevista por la ley para prohibir definitivamente la caza deportiva y comercial ser la Administracin gestora de cada Parque Nacional -cuya gestin es competencia de las comunidades autnomas- la que pueda programar y organizar actividades de control de poblaciones, de acuerdo con los objetivos y determinaciones del Plan Director y del Plan Rector de Uso y Gestin.

El PP pide tres aos de moratoria

En este contexto, este mismo viernes, el grupo parlamentario popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposicin de Ley en la que pide una ampliacin de tres aos de esta moratoria, ante la falta de acuerdos con todos los propietarios.

Los populares reclaman al Gobierno que «cumpla con sus obligaciones» ya que en la Ley se establece que desde 2014 hasta el 5 de diciembre de 2020, cuando terminaba la moratoria a la prohibicin de la caza, se deba llegar a acuerdos entre los propietarios de fincas y la administracin. Si bien, el PP afirma que la Administracin «no ha alcanzado ningn acuerdo» con los propietarios de las tierras afectadas.

El PP aade en la exposicin de su iniciativa que muchos Parques Nacionales estn en entornos despoblados, cuyas posibilidades de desarrollo econmico y social estn directamente relacionadas con las actividades que se desarrollan en los terrenos de propiedad privada que forman parte de los mismos.

Adems, defiende que caza y pesca son actividades que fijan poblacin sobre el territorio y dan empleo a «muchos cientos» de familias y de las que depende la supervivencia del mundo rural.

Los cazadores sealan al Gobierno

Mientras, los afectados, muchos de ellos representados por Fundacin Artemisan acusan al Gobierno de hacer «odos sordos» a sus reiteradas peticiones para que se renan con los cazadores y buscar acuerdos o soluciones conjuntas as como una nueva moratoria.

«Si nadie lo remedia, los Parques Nacionales dejarn de generar riqueza para costar 320 millones de euros a los espaoles», alerta la entidad cinegtica que estima que ese ser el coste de realizar controles de poblacin dentro de los Parques Nacionales.

As, advierten de que desde este mismo sbado, adems de ese coste los Parques dejarn de ser fuente de riqueza, creacin de empleo, dejarn de fijar poblacin en el medio rural, «en plena crisis econmica mundial».

De ese modo, Fundacin Artemisan lamenta la «inaccin» y vuelve a instar al Gobierno a que «deje de mirar hacia otro lado» urgentemente y tome una decisin «firme y valiente» que d solucin a la incertidumbre y a la situacin crtica en la que quedarn desde este sbado los Parques Nacionales.

Para la entidad, el fin de la moratoria supondr el «golpe definitivo» a estos entornos, que perdern una de las fuentes de riqueza ms importantes para los municipios del entorno de estos parques. En ese sentido, recuerda que varios ayuntamientos han aprobado mociones que piden paralizar esta medida legislativa.

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