Una resolucin del Supremo respalda las tesis de Salvador Illa frente a la Comunidad de Madrid


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Indica que las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud pueden imponerse a las comunidades que votaron en contra cuando la Administracin central «ejerza funciones de coordinacin»

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, este mircoles, en una rueda de prensa en La Moncloa.
EFE

El Tribunal Supremo ha resuelto este jueves el recurso contra un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como el que ahora el Ministerio de Sanidad aduce para imponer restricciones en la Comunidad de Madrid. La resolucin establece que la competencia para resolver este tipo de recursos es de la Audiencia Nacional. Por tanto, inadmite el recurso presentado por una asociacin de consumidores contra un acuerdo adoptado en agosto en el que tambin se establecan medidas para frenar la propagacin del coronavirus.

Ms all de la competencia y del caso concreto, el auto hace un repaso a la normativa aplicable a la actividad del Consejo que supone un respaldo a las tesis del ministro de Sanidad, Salvador Illa, de que las comunidades autnomas que votaron en contra del acuerdo del Consejo publicado este jueves en el BOE deben cumplirlo.

Los magistrados de la Seccin Cuarta de lo Contencioso-Administrativo equiparan el Consejo Interterritorial a una Conferencia Sectorial, una tesis negada entre quienes rechazan que pueda imponerse a Madrid la votacin mayoritaria en el Consejo. Considerarlo una Conferencia Sectorial supone que sus resoluciones pueden revestir la forma de mera «recomendacin», pero tambin de «acuerdo de obligado cumplimiento exigible ante la jurisdiccin contencioso-administrativa», segn indica el Supremo.

«Obligado cumplimiento»

Entre los artculos puestos sobre la mesa por el Alto Tribunal como aplicables al caso est el 151 de la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, que regula las «clases de decisiones de la Conferencia Sectorial».

En su primer punto indica que los «acuerdos» no pueden ser impuestos a las comunidades autnomas que votaron en contra. Pero en el prrafo siguiente hace una precisin: cuando la Administracin General del Estado «ejerza funciones de coordinacin» en el Consejo conforme a la distribucin de competencias, el acuerdo que se adopte «ser de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Pblicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto».

ste sera el caso del acuerdo alcanzado este mircoles, en el que el Gobierno central actuaba como coordinador de las autonomas y, por tanto, podra imponer el acuerdo a las que votaron en contra: Andaluca, Catalua, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.

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