Violencia machista | Organizaciones feministas tratan de impedir el ingreso en prisión de María Salmerón – El Salto


En un escrito que dirigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado García, el Fórum de Política Feminista pide la “intervención inmediata” del Gobierno para que reclame la suspensión del auto que obliga a ingresar en prisión a María Salmerón, la mujer víctima de violencia de género que se enfrenta a esta pena por negarse a obligar a su hija a ver al padre, algo que incumpliría la voluntad de esta joven que hoy tiene 20 años. En la mañana de este viernes, la carta ha sido firmada por 249 organizaciones y  tiene 400 firmas personales.

En caso de que no se suspenda este auto, suspendido por el momento tras la interposición de un recurso el 23 de julio, reclaman que el Consejo de Ministros más próximo apruebe su indulto. De aprobarse un indulto, sería el cuarto para esta mujer que ha estado varias veces a punto de entrar en prisión por el mismo delito: respetar la decisión de su hija de no ver al progenitor. La mujer sevillana ha incumplido hasta en ocho ocasiones entre 2012 y 2014, según la juez, la sentencia que la obligaba a entregar a su hija a su padre, quien había sido condenado a un año y nueve meses de cárcel por violencia de género.

Consuelo Abril es abogada de familia e integrante de la Plataforma 7N contra las Violencias Machistas, y recuerda que, de haberse cumplido la Ley 1/2004, el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al maltratador se le tendría que haber suspendido el régimen de visitas. Pero no fue así: a Salmerón se le estableció un régimen de visitas a realizar en un Punto de Encuentro. La abogada asegura que, pese a que la ley contempla la posibilidad de suspender las visitas cuando hay una condena de violencia de género, el porcentaje de casos en los que esto ocurre es “mínimo”.

“María ha hecho lo que la justicia no ha sido capaz de hacer, que es proteger a su hija”, dice Abril, que recuerda que la niña se negó siempre a ver su padre. Después de que la Ministra de Igualdad, Irene Montero, se pronunciara esta semana en Twitter a favor de Salmerón, la abogada confía en que la mujer podrá, de nuevo, evitar la cárcel.

Ana María Hernández Rodríguez es presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres por la Participación y la Igualdad (COMPI), una entidad que agrupa a 26 asociaciones que agrupan a unas 10.000 socias, y apoya también la carta del Fórum. Hernández asegura que el caso de María Salmerón es “flagrante” y apunta que pese a que existen herramientas en las leyes para evitar casos como este, la interpretación de los jueces es “patriarcal y en perjuicio de las mujeres”.

Hernández ve necesario revisar unas leyes a día de hoy permiten una interpretación llena de prejuicios que impactan en las mujeres, al igual que ha ocurrido con algunas referencias sobre los delitos contra la libertad sexual al hilo del caso de La Manada: “Si hubiera sentido común y mentes igualitarias, no habría que estar cambiando las leyes sobre violencia sexual, pero reiteradamente el machismo de los jueces y juezas demuestra que hay cosas que hay que amarrar más”. Lo que teme Hernández es que, aun con otro indulto del Gobierno si es que se llega otra vez a ese extremo, el caso no acabe ahí: “Este señor ha iniciado la causa tras los indultos, y lo seguirá haciendo hasta que se muera”.

El Fórum de Política Feminista recuerda en su escrito que existen precedentes de las consecuencias que esta “violencia institucional” puede tener, y recuerda el caso de Ángela González Carreño, que interpuso 51 denuncias contra su maltratador antes de que este asesinase a su hija. La vicepresidenta de esa organización, Nina Infante Castrillo, cree que existe normativa para evitar que esto ocurra: el problema viene cuando se juzga sin perspectiva de género.

Infante explica el caso de Salmerón por la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental, un síndrome desaconsejado por el Consejo del Poder Judicial que criminaliza a las madres protectoras que, como Salmerón, acaban acusadas de obstaculizar las relaciones de los hijos con los progenitores.

María Martín Romero es integrante del Fórum en Granada, preside la Asociación La Volaera y pone otros nombres propios a la historia que María Salmerón comparte con muchas mujeres: Juana Rivas, Irune Costumero, Itzíar Prats. “Están siendo revictimizadas por este terrorismo de Estado aplicando el falso Síndrome de Alienación Parental en los procesos judiciales”, explica a El Salto. “No nos explicamos que se abra el caso una y otra vez, menos aún cuando la niña ya es mayor de edad, esto es ensañamiento”, asegura esta mujer que conoce numerosos casos y siente que las víctimas están al arbitrio de una justicia que actúa en su contra.

“Vamos a dar la lucha contra esta violencia institucional que es una tortura para estas mujeres y para sus hijos e hijas”, dice Martín. “Si no se produce el indulto habrá otras movilizaciones”.

TRES INDULTOS

El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla condenó a María Salmerón hace un año a una pena de nueve meses de cárcel y 3.000 euros de indemnización por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con el agravante de reincidencia. El pasado 10 de julio, ordenó el inmediato cumplimiento de la sentencia.

La mujer de Sevilla incumplió hasta en ocho ocasiones entre 2012 y 2014 la sentencia que le obligaba a entregar a entregar a su hija a su padre, condenado a un año y nueve meses de cárcel por violencia de género.

Esta es la cuarta ocasión en la que esta mujer está cerca de entrar en prisión. En las tres ocasiones anteriores, Salmerón no llegó a pisar la cárcel por el indulto del Gobierno, aquellas veces del PP. Sus abogados han presentado un recurso contra el auto que ordena su ingreso en la cárcel. De no prosperar, tienen la intención de solicitar un nuevo indulto.





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